Senado aprueba poyecto de ley que crea Instituto de Derechos Humanos

La iniciativa, a la que pueden agregarse indicaciones hasta el próximo 11 de mayo, crea una corporación autónoma con patrimonio propio, y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General de la República.

Con plazo para realizar indicaciones hasta el próximo lunes 11 de junio quedó este miércoles el proyecto, en segundo trámite, que crea un Instituto de Derechos Humanos en el país, el cual fue aprobado de manera unánime por el Senado.

La iniciativa crea una corporación autónoma con patrimonio propio, y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General de la República.

Durante el debate intervinieron los senadores Jaime Naranjo y Andrés Chadwick quienes coincidieron en que el único punto pendiente sobre el cuál no se pronunció la Comisión de Derechos Humanos fue el carácter jurídico que tendrá el nuevo organismo.

El senador Jaime Naranjo, presidente de la comisión, entregó un detalle de la iniciativa, cuyo objetivo principal será resguardar los antecedentes recopilados por las comisiones Rettig y Valech, hacerse parte en los juicios sobre la materia e impulsar planes y políticas tendientes a crear conciencia sobre la importancia del respeto de los derechos fundamentales.

El parlamentario explicó que “en el curso del debate y sin perjuicio de su aprobación en general acordamos solicitar la opinión de los juristas Enrique Silva Cimma y Francisco Cumplido para resolver algunas observaciones sobre el sentido y alcance de las funciones y naturaleza del instituto”.

Sin embargo, puntualizó que “como fueron informes divergentes la Comisión sólo anexó sus opiniones al informe y no se pronunció sobre esta materia”.

Para el ex senador Silva Cimma, “el instituto es un organismo de elevado nivel en el campo de la autonomía e independencia y al ser una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio es admisible constitucionalmente por cuanto no integra la administración del Estado”.

En tanto, para el ex ministro Francisco Cumplido, “de acuerdo a las características y facultades de este instituto se requiere de una habilitación constitucional para su creación, la cual debería fijar sus objetivos, competencias, el procedimiento para elegir sus autoridades y la forma de hacer efectiva su responsabilidad y remoción”.

Por su parte, el senador Andrés Chadwick (UDI), reiteró sus dudas respecto a la naturaleza jurídica de este nuevo instituto y afirmó que “en la discusión en particular del proyecto se debería considerar que este organismo no tenga facultades de carácter judicial que desnaturalicen sus funciones de promoción, respeto y vigencia de los derechos humanos, ya que el propio informe en derecho que entregó el jurista Silva Cimma advierte que el proyecto entrega algunas facultades de carácter inconstitucional porque son propias del Ministerio Público”.

Asimismo, dijo que “se debe incorporar dentro del campo de acción de este instituto el terrorismo, porque los derechos humanos pueden ser violados, tanto por agentes del Estado como por organizaciones terroristas”.

Del mismo modo, y para que “esta institución permanezca en el tiempo es necesario que su dirección sea lo más representativo, amplio y plural, posible, ya que en la medida que dependa de mayorías circunstanciales se transforma en repartición pública más”.

Finalmente, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, agradeció “la disposición del Senado para aprobar esta iniciativa que pretende crear un organismo que sea la conciencia del país respecto a los estándares éticos más fundamentales que derivan de la dignidad de la persona humana”.

Del mismo modo, se mostró abierto a “acoger y estudiar las observaciones al proyecto y no tenemos la intención de que este organismo actúe judicialmente”.

Facultades y funciones

Cabe recordar que el texto legal, enviado al Congreso durante la administración de Ricardo Lagos, tiene por objeto crear un organismo de derechos humanos, que será una corporación autónoma con patrimonio propio, y cuyo accionar será fiscalizado por la Contraloría General.

La nueva entidad deberá promover y proteger los derechos humanos, para lo cual deberá elaborar un informe anual sobre sus actividades, la situación nacional en materia de DD.HH y hacer recomendaciones sobre el tema, las que entregará al Presidente de la República, al Congreso, al presidente de la Corte Suprema, a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, entre otros.

También deberá pronunciarse sobre las prácticas que infrinjan o sean contrarias a los derechos humanos; informar todo acto que importe discriminación; proponer a los poderes públicos medidas para proteger y promover los derechos humanos y presentar acciones legales respecto de hechos constitutivos de crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra.

Asimismo, tendrá como misión promover acciones para determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas; y custodiar los antecedentes reunidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y por la Comisión de Prisión Política y Tortura.

El proyecto también contempla la creación de un Premio Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de cultivar una memoria histórica sana de la Nación chilena, a través de resaltar y valorar cada dos años una persona de nacionalidad chilena, hombre o mujer, que se haya distinguido en tal esfuerzo.